Un millar de extremeños mueren cada año a la espera de recibir la ayuda de la dependencia que la Junta ya les había concedido. Realizaron su correspondiente solicitud, fueron valorados y se les asignó un grado y una prestación por ello. Sin embargo, fallecieron antes de contar con el servicio o la cantidad económica.

Es una realidad que saca a relucir la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en un informe que repasa los 18 años de la Ley 19/2006 de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal.

Aseguran que «los procedimientos burocráticos, las ridículas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios hacen un sistema 'low cost' poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia».

Según dicho estudio, 13.104 extremeños han muerto a la espera de la ayuda a la dependencia en los últimos ocho años (entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de noviembre de 2024).

En ese tiempo, 7.384 personas han fallecido en lo que se denomina el limbo de la dependencia, es decir, tienen el derecho reconocido y están a la espera de un servicio o prestación del sistema.

Además, están las que mueren esperando su valoración, las que no llegan ni tan siquiera a que se les reconozca su posible situación de dependencia, que en la región extremeña son 5.720.

Es una situación que se extiende a todos los territorios del país. De hecho, el informe revela que 900.000 personas han fallecido en listas de espera en España desde 2006, según una estimación realizada por el Observatorio de la Dependencia a partir de datos del Imserso.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses (180 días), pero solo hay tres territorios (Castilla y León con 126, País Vasco con 128 y Ceuta con 57) que están por debajo del tiempo de resolución obligado.

En Extremadura, ese plazo se incumple. Incluso ha llegado a superar los 300 días. Sin embargo, la situación ha mejorado y, según informó la Junta a finales de 2024, esta comunidad lleva 15 meses consecutivos reduciendo los tiempos de espera desde que se genera la solicitud hasta que se resuelve la prestación pedida.

Eso ha provocado que actualmente se sitúe en 281 días, por debajo de la media nacional, que es de 332.

También indican que el número de personas beneficiarias con prestación efectiva ha aumentado en 2.970 entre el 31 de julio de 2023 y el 30 de noviembre de 2024, y se han reconocido 5.534 nuevas prestaciones en el mismo periodo.

Si la situación de Extremadura es preocupante, no lo es tanto como la de otras regiones que acumulan un año de tiempo medio de gestión. Entre ellas están Andalucía (618 días), Canarias (574), Murcia (514) y Galicia (339).

Procedimientos

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las comunidades establecen dos procedimientos administrativos encadenados (la resolución del grado de dependencia y la de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan las resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.

Los motivos de estos retrasos, después de 18 años de la Ley, son múltiples, pero la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales apunta sobre todo a dos. Por un lado, «los sucesivos recortes en la financiación de la ley que generaron enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones».

Y por otro, «el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios».

Fuente: Hoy Extremadura